Algunas leyes exigen presentar el certificado de penales para acceder a determinados empleos y trámites (licencias de armas o extranjería). En esos casos, la ley es clara.
En el entorno privado no está expresamente permitido, pero tampoco prohibido. Generalmente prima la protección de la intimidad y de los datos personales, aunque hay algunas excepciones: directivos de entidades financieras, agentes de seguros, etc.